Un requisito indispensable para que un país pueda tener crecimiento económico es contar con un marco jurídico sólido que permita, entre otras cosas, que los desarrolladores y creadores de diseños, obras artísticas, software, inventos, marcas, entre otros, puedan beneficiarse de sus obras. Algo que en economía se conoce como capitalizar los desarrollos intelectuales.
Cuando un Estado no es capaz de proteger a los poseedores de derechos de autor y de propiedad industrial, entonces no hay incentivos para la creación ya que el costo de los desarrollos excederá los beneficios que recibe el autor (los beneficios en lugar de ser privados se socializan), y por lo tanto la economía se estanca, se dejan de crear empleos, cierran empresas, y se pierde el impulso de la innovación.
El caso de la piratería en México ha llegado a niveles muy preocupantes, ya que de acuerdo a un estudio realizado por el Comité de Propiedad Intelectual de la American Chamber México (AmCham), en nuestro país ocho de cada diez personas compró productos pirata durante el último año. Y con base en investigaciones recientes, tan sólo en cuestión de software, México ocupa el tercer lugar en piratería, un mercado que ocasiona pérdidas de aproximadamente 359 mil millones de pesos anuales a los fabricantes de software.
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