ECONOMÍA: Resumen semanal de la evolución económica y financiera de México y el mundo.

Agencia GAEAP.  10/10/21.- A continuación se presenta un resumen de las principales noticias económicas y financieras de México y el mundo durante la semana del 4 al 8 de octubre de 2021.

Nacionales

Los consumidores mostraron mayor optimismo en septiembre, con respecto a agosto, con una ganancia de 0.8 puntos. Sin embargo esta recuperación fue insuficiente para regresar al nivel de confianza que mantenían en julio de este año (43.4 en septiembre vs 44 en julio). La percepción de los consumidores sobre las condiciones actuales de su hogar frente al año anterior se mantuvo estable en agosto y septiembre, ambas en niveles por debajo de lo reportado en junio y julio. En cuanto a las condiciones de la economía, la percepción sigue mejorando y ahora se encuentra en su nivel más alto desde el inicio de la pandemia. Respecto a la percepción para el próximo año, tanto para el hogar como para la economía del país, esta registró incrementos modestos respecto al mes anterior. Finalmente, la posibilidad de los consumidores para adquirir bienes duraderos se mantiene estancada desde abril en niveles bajos.

Reforma eléctrica: un retroceso con altos costos económicos y ambientales; el escenario base es su rechazo en el Congreso, aunque los riesgos crecen. La iniciativa de cambio constitucional en energía, centrada en electricidad, aunque no sorprende, es radical y negativa para el desarrollo del país y para la lucha contra el cambio climático. Desde la campaña presidencial de 2017-18 sabíamos que el presidente se oponía a la reforma energética del 2013, la cual abrió al sector privado la participación franca en energía (petróleo, gas, electricidad). La iniciativa presentada este 30 de septiembre representa una profundización radicalizada de la recientemente aprobada ley secundaria de electricidad. Redefine el marco institucional que promueve la competencia y la generación con energías limpias, regresa al modelo de monopolio de CFE, controla la participación privada, desestima los compromisos internacionales contra el cambio climático, y pone en riesgo el crecimiento de la generación. No estimamos que se aprobará, aunque los riesgos de que ello ocurra han aumentado significativamente.

La reforma constitucional busca eliminar la esencia de la ley de 1992 y de la reforma constitucional del 2013. El embate contra estas dos leyes por parte del gobierno se expresó primero en una ley secundaria aprobada este año que está en litigio en la suprema corte. Las diversas demandas contra esa ley secundaria, buscan ahora ser eliminadas a través de esta reforma constitucional. En la exposición de motivos de la iniciativa se reitera el diagnóstico del presidente: los objetivos de la reforma del 2013 fueron “el despojo, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado”. La reforma pretende crear un nuevo sistema en el cual “el Estado recupera la conducción del sistema eléctrico nacional, a través de la CFE, que se convierte en organismo de estado, responsable de su planeación y control.” De ahí deriva la eliminación de la competencia, la eliminación de los organismos reguladores (CNH, CENACE, CRE), y la delimitación de las inversiones privadas. De forma sorprendente, se precisa un número, 46%, como el máximo en que puede participar la producción privada (hoy es 62%). Para lograr este objetivo, se cancelan todos los permisos de generación eléctrica otorgados, así como los contratos de compraventa de electricidad y los certificados de energía limpia. Es la Secretaría de Energía la que establecerá nuevas bases para la participación privada. A la vez, y mientras se emite una ley secundaria consistente con el cambio constitucional, la CFE adquiriría el control total del sistema.

Es una expropiación indirecta de las inversiones realizadas al amparo de la ley de 1992 y de la reforma constitucional del 2013. En 1992 se modificó la ley del servicio público de energía eléctrica (lo cual se incluyó en el TLCAN en 1993), lo que permitió por primera vez desde 1960 (cuando se nacionalizaron empresas privadas extranjeras), la participación del sector privado en la producción de electricidad, a través de las figuras de productores independientes, pequeños productores, autoabastecedores y cogeneradores. Ello llevó a que el sector privado llegara a participar con un tercio de la producción de la electricidad en 2013. En ese año se realizó el cambio constitucional que abría al sector en mucha mayor medida a la inversión privada, se generaban condiciones de competencia (entre empresas del sector privado y la propia CFE), se creaban organismos autónomos reguladores (CRE, CENACE, CNH) y se impulsaba la generación de energías renovables y limpias. En 2018 participaba ya el sector privado en 46% de la producción de electricidad y CFE el restante 54%; hoy ya es 62% y 38% respectivamente. El marco legal aún vigente implica que el sector privado y CFE compiten en la generación, suministro y comercialización de electricidad, y el Estado se reserva, a través de CFE, la transmisión. Se pretende eliminar ahora la obligación de CFE de comprar electricidad a los “productores independientes” y los excedentes de los “cogeneradores”; además se elimina la figura de autoabasto (en que se venden energía entre socios y se usan las redes de transmisión de la CFE). Estos cambios configuran lo que en el TMEC se define como una “expropiación indirecta”: un acto del gobierno que tenga un efecto adverso sobre el valor económico de una inversión, “en la medida en que el acto gubernamental interfiere con expectativas inequívocas y razonables respaldadas por la inversión”.

Se elimina la competencia y se revive a un monopolio que muestra ineficiencias. El impacto será, mayores precios, o mayores subsidios. Las conclusiones de la Comisión de Competencia al establecer una controversia constitucional (por su carácter anticonstitucional) contra la ley secundaria eléctrica aprobada a inicios del año, aplican al cambio que ahora se presenta: se eliminan las condiciones de competencia, lo que “se traduciría en una perturbación de las condiciones de oferta de la electricidad, así como daños al consumidor y a la economía en general”.3 Hoy en día ya está aprobada la ley (aunque sujeta a diversas demandas por su inconstitucionalidad) que obliga a privilegiar la electricidad de la CFE sobre la de los privados. El problema es que es la de CFE la más contaminante y más cara: son más de 50% más caras en general, mientras que las eólicas y solares en las subastas de largo plazo han mostrado precios de un tercio de los ciclos combinados de CFE (con gas natural) y hasta de un quinto de las hidroeléctricas.

Habría un nuevo arreglo institucional con CFE al mando y sin contrapesos. La reasignación de responsabilidades pone a CFE a cargo de cada eslabón en la cadena de valor del sector eléctrico. Los organismos autónomos y regulatorios desaparecerían. El CENACE, un organismo técnico a cargo del despacho de energía regresaría a CFE. Mientras que todas las funciones regulatorias que en 2013 se le asignaron a la CRE (como la asignación de permisos y el establecimiento de tarifas) se reagrupan en la Secretaría de Energía, replicando el formato que existía antes del 2013, cuando el responsable de facto de la política eléctrica era la CFE. Además, la iniciativa incluye la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sin una explicación, más allá del hecho que el sector eléctrico claramente tiene un interés en la forma en que lo relativo al gas es regulado, dado que este es el combustible principal para la generación.

Aumentan los riesgos de un desarrollo de la oferta de electricidad insuficiente para el crecimiento del país. El desplazamiento del sector privado implica inversiones del sector público que no se corresponden a la capacidad actual del gobierno. Además de que se deberá hacer frente a las demandas del sector privado nacional, y extranjero al amparo de tratados de inversión en el marco del TMEC y de otros acuerdos comerciales/de inversión. Aunque se deja abierta su participación en la iniciativa, significa reducir la misma en términos absolutos y no sólo relativos (para pasar de 62% a 34% de participación).4 Los cambios legales y el clima de incertidumbre para la inversión privada que se establece obstaculizarían el apetito del sector privado para participar en las nuevas condiciones.

Citibanamex mantiene la perspectiva de que el radicalismo en el ámbito económico de la actual administración se centra en gran medida en el sector energético, aunque el impacto negativo en las inversiones transciende al sector. Hasta ahora, el intervencionismo del gobierno se ha concentrado sistemáticamente en el sector de la energía. En otros sectores, ha sido muy limitado y errático, destaca la supresión de un nuevo aeropuerto de la ciudad de México y de la construcción de una cervecera en el norte del país; igualmente, de forma inadecuada se desorganizó la producción y distribución de medicinas, al marginarse la participación del sector privado. En el tema del litio, parece formar parte de una visión negativa sobre buena parte de la participación privada en minería. Todo esto crea un ambiente negativo para las inversiones en general. El tema de la electricidad afecta al conjunto de la economía.

La incertidumbre sobre fuentes de energía suficientes ya es incluso hoy un tema en diversas regiones del país, el cual se agravará. Es probable que la estabilidad macroeconómica sobreviva a este intervencionismo ineficiente de parte del Estado, de aprobarse la reforma (mientras se siga respetando la política de apertura comercial, autonomía de Banxico y disciplina fiscal), pero las perspectivas de crecimiento económico seguirán ensombreciéndose. Lo que sí es cada vez más claro, es que hay una ausencia de visión sobre la relevancia de la lucha contra el cambio climático y los riesgos que implica la transición energética.

Citibanamex anticipa mayor inflación, tipo de cambio y tasas. Ante mayores presiones inflacionarias, estiman que Banxico aumentará la tasa a 5.25% en 2021 y 5.75% en 2022. Los datos  recientes indican que la inflación está resultando más elevada y persistente que lo anticipado hasta al menos hace unas semanas. Destacan los incrementos en los precios de las mercancías y nuevos aumentos al gas LP (esto último a pesar de la política de precios máximos implementada en agosto). Sus estimaciones para los siguientes meses respecto a los precios de muchas materias primas en general son más elevadas, y las perspectivas en torno a los problemas de escasez de insumos y logísticos a nivel mundial se han deteriorado. Además, distintos eventos, entre los que destacan la discusión en torno al techo de endeudamiento en Estados Unidos, así como la crisis inmobiliaria y la desaceleración de la economía en China, han presionado a las monedas emergentes, y ahora anticipan que el tipo de cambio se ubique en 20.7 y 21.3 pesos por dólar al cierre de 2021 y 2022, respectivamente (desde los niveles de 20.2 y 20.7 previos), lo que implica una presión adicional (si bien moderada) para los precios. Por lo tanto, ahora estiman la inflación al cierre de 2021 y 2022 en 6.4% y 3.8%, en ese orden (desde 6.1% y 3.7% anteriormente). Este entorno complica el panorama para Banxico, a lo que también pensamos que contribuirá la retórica más restrictiva en el margen de la Reserva Federal. Así, además del aumento de 25pb que ya anticipaban para la tasa de política monetaria en noviembre, ahora prevén otro aumento en diciembre de este año, y dos más en 2022, con lo que la tasa objetivo cerraría 2021 y 2022 en 5.25% y 5.75%, respectivamente.

Encuesta Citibanamex de Expectativas. Todos los participantes de la encuesta esperan un incremento en la tasa de 25pb en noviembre. Los 29 participantes en la Encuesta Citibanamex de Expectativas anticipan que el próximo movimiento en la tasa será un aumento de 25pb en noviembre, la primera vez que se ve un pronóstico unánime para el próximo movimiento en la tasa desde la 2Q de junio 2020. La mediana para la estimación de la tasa de política al cierre de año ahora se ubica en 5.25% desde 5.00% en la encuesta previa. Para el cierre de 2022, la expectativa mediana para la tasa objetivo aumentó a 5.75% desde 5.38% hace dos semanas.

Peso ligeramente más débil en 2021. El consenso espera el peso en 20.30 unidades por dólar al cierre de 2021, mayor que los 20.25 en la encuesta anterior. Para el cierre de 2022, el USDMXN se espera en 21.00, sin cambios en las últimas seis encuestas.

Las expectativas de inflación para el cierre de 2021 aumentan a 6.3% anual desde 6.1% en la quincena anterior; las estimaciones para 2022 permanecen estables. La inflación subyacente proyectada para el cierre de 2021 se incrementó a 5.1% desde 4.9% anteriormente. Respecto a las previsiones para la inflación general y subyacente al cierre de 2022, éstas se mantienen en 3.8% y 3.7%, respectivamente.

Expectativas de crecimiento del PIB estables. La mediana del crecimiento esperado para 2021 es de 6.2%, ligeramente mayor que el 6.1% en nuestra encuesta anterior, y la misma que hace un mes. Para 2022, las expectativas de crecimiento permanecen en 3.0%.

Resultados mixtos en indicadores de demanda interna. Avance marginal del consumo y moderado de la inversión. Durante julio el consumo privado registró un incremento mensual de 0.1%, menor que la estimación de 0.7%, que no compensa la caída de 0.7% observada el mes anterior. El crecimiento de julio se explica por el avance de 1.8% en el consumo de bienes producidos internamente. En contraste, el consumo de bienes importados y de servicios disminuyó en 1.8% y 1.2% mensual, respectivamente. Con estos resultados, el consumo se ubica 2.8% por debajo de su nivel de inicios de 2020, aunque el gasto en servicios es 9.5% menor que durante esa referencia. A su vez, la inversión fija bruta creció 2.1% mensual en julio, mejor que nuestra proyección de 0.8% y que supera la disminución de 1.8% observada en junio. Este crecimiento se explica, principalmente, por los crecimientos en la compra de maquinaria y equipo importado y en la construcción no residencial de 7.5% y 3.0%, respectivamente. Con estas cifras la inversión es menor a su nivel prepandemia en 6.2%, con la construcción 11.0% por debajo de ese nivel. Para el resto del año anticipamos que la demanda interna registre una ligera tendencia de recuperación.

Continúa tendencia a la baja en la producción de automóviles. Durante agosto el ensamble de vehículos registró una caída anual de 33.3%, al ubicarse en 208,092 unidades. Considerando cifras ajustadas por estacionalidad, se estima que la producción de autos disminuyó 13.0% mensual, y acumuló seis meses consecutivos con caídas a tasa mensual. Este debilitamiento de la industria automotriz se relaciona, en gran medida, con los problemas de escasez de insumos a nivel global, los cuales han afectado también a otras manufacturas y que al parecer persistirán en los próximos meses.

La inflación general se acelera a 6.0% anual. Inflación general marginalmente por arriba de las expectativas. El Índice Nacional de precios al Consumidor aumentó 0.62% mensual en septiembre, ligeramente por arriba de nuestro pronóstico de 0.58% y la proyección del consenso en nuestra Encuesta Citibanamex de Expectativas de 0.59%. La inflación general anual se ubicó en 6.00%, mayor que la tasa de 5.59% registrada en agosto.

La inflación subyacente anual alcanza un máximo de 4 años. Los precios subyacentes crecieron 0.46% mensual, prácticamente en línea con nuestro pronóstico y el del consenso, ambos de 0,47%. El incremento mensual de los precios subyacentes se explica principalmente por el crecimiento de 0.68% en los precios de las mercancías.

Los precios de los servicios se incrementaron 0.21% mensual, en gran medida por el aumento estacional de las colegiaturas y el crecimiento de los precios de la vivienda. La inflación subyacente anual cerró el mes en 4.92%, desde 4.78% en agosto, y la mayor desde agosto de 2017.

La inflación no subyacente anual también se acelera. Los precios no subyacentes aumentaron 1.10% mensual, o 9.37% anual, desde el 8.14% anual registrado en agosto. El incremento anual en septiembre fue mayor que nuestra proyección de 9.17% y la estimación del consenso de 9.20%. Los precios de la energía crecieron 1.13% mensual, debido a los mayores precios del gas LP. Los precios agropecuarios registraron un incremento mensual de 1.38%, impulsados por los precios de tomates, cebollas y carne de res.

Citibanamex estima la inflación general y subyacente al cierre de 2021 en 6.4% y 5.3%, respectivamente. Recientemente actualizaron sus estimaciones de inflación, considerando que las presiones sobre los precios han mostrado ser más persistentes que lo anticipado. En este sentido, la inflación mensual de mercancías fue la mayor para un septiembre desde 1999. Sus estimaciones para los precios de varias materias primas han aumentado, las perspectivas para el tipo de cambio se han deteriorado y se espera que persistan hasta el primer semestre de 2022 la escasez de algunos insumos y las presiones en los precios del transporte y la logística. Por lo tanto, revisaron sus estimaciones de inflación general y subyacente para el cierre de 2021 en 0.3pp y 0.4pp, respectivamente. Para 2022 anticipamos la inflación general y subyacente en 3.8% y 3.9%, en ese orden (desde 3.7% en ambos casos anteriormente).

Moody’s prevé implicaciones crediticias negativas por la reforma eléctrica. La calificadora considera que la aprobación de la iniciativa disminuye la transparencia operativa, desalienta inversiones de privados para la generación, frena las energías renovables y puede aumentar el costo de la energía. Asimismo, es probable que su aprobación detone disputas legales internacionales, afecte la competitividad de las inversiones extranjeras y se aparte de las prácticas reguladoras previamente acordadas. La reforma crearía un mercado eléctrico más costoso y aumentaría la necesidad de subsidios. Coincidimos con la perspectiva planteada por la calificadora y consideramos además que con esta reforma aumentan los riesgos de insuficiente oferta de electricidad para el crecimiento del país. Creemos que, esta iniciativa no será aprobada en el Congreso, aunque los riesgos a este pronóstico han aumentado (ver nuestra Nota Especial “Reforma eléctrica: un retroceso con altos costros económicos y ambientales; el escenario base es un rechazo en el Congreso, aunque los riesgos crecen”, 4 de octubre de 2021).

Con información del Grupo Financiero CitiBanamex*

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