COLUMNA: La corrupción es la mayor desgracia nacional

El principal problema de México se llama corrupción. No cabe duda que este flagelo es lo que ha impedido que podamos dar el salto para ser una economía fuerte y desarrollada. Nos mantiene viviendo en un clima de creciente inseguridad pública, causa incertidumbre, mantiene bajo el nivel educativo de la población, genera desigualdad y nos da una pésima reputación en el ámbito internacional. 

 

Para muchos la corrupción se limita simplemente a dar “mordida” a un agente de tránsito cuando cometemos una violación al reglamento o es simplemente dar un “moche” al ganar un contrato público. Pero la corrupción va más allá. La corrupción se ve en las aduanas del país cuando un agente permite el contrabando y que se importen mercancías claramente subvaluadas con el fin de evadir impuestos, ocurre cuando un juez deja en libertad a un delincuente que es culpable, está en el funcionario público que contrata a su amigo en lugar de contratar a la persona más calificada para el puesto. Está en infinidad de actos que se cometen a diario en México, lo que nos resta competitividad e impide resolver los problemas de pobreza, inseguridad, falta de crecimiento económico, entre otros.

 

La corrupción en México es un problema creciente que, de hecho en los últimos años ha aumentado de forma alarmantey ya no sólo es un mal que aqueja al sector público, sino que se está enraizando en la iniciativa privada. Y esta delicada afirmación no lo hago yo, sino que así se plasma en múltiples estudios, elaborados por fuentes nacionales e internacionales, varios de los cuales presento a continuación:

 

Las cifras de este problema son alarmantes, ya que la corrupción le cuesta a nuestro país unos 347 mil millones de pesos (mmdp) al año, lo que de acuerdo con la organización Transparencia Internacional, es equivalente a 10% del crecimiento económico de México. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estimado que este problema equivale a 2% del Producto Interno Bruto (PIB).

 

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparencia Internacional, de un total de 176 países medidos, México ocupó la posición 123 a nivel mundial con una calificación de apenas 30 puntos (una calificación de 100 puntos indica ausencia de percepción de corrupción). Con este puntaje, México se ubica a la par de naciones como Laos, Honduras, Moldavia, Paraguay y Sierra Leona. 

 

Con esta evaluación, tenemos que nuestro país descendió 28 lugares, lo que nos ubica en el último lugar de los 35 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo promedio es de 69 sobre 100. 

 

En cuanto a que el problema de corrupción se ha exacerbado y extendido al ámbito de la vida empresarial, tenemos que de acuerdo con el Reporte Global de Fraude y Riesgo 2016-2017, recientemente publicado por la firma consultora Kroll, las empresas mexicanas aumentaron en el último año las actividades relacionadas con el fraude, el soborno y la corrupción. De esta manera se colocaron a nivel nacional en esta materia por encima de los índices globales. 

 

De acuerdo con este reporte, las compañías que operan en el país aumentaron en el último año en 2% las actividades como el fraude y el soborno, colocando el índice de México en 18%, un 3% más alto que el promedio global, además de que se muestra una tendencia a que seguirá creciendo el problema en lo que resta del año. 

 

Aunado a lo anterior, se reporta que el 45% de las empresas del país se han enfrentado con agentes gubernamentales y/o privados que les exigen realizar algún tipo de soborno para agilizar trámites; en ocasiones son los empleados, exempleados, y trabajadores ocasionales los responsables de llevar a la inestabilidad jurídica y económica a las compañías cometiendo acciones corruptas.

 

Por su parte, de acuerdo con una encuesta global de fraude de Ernst & Young (EY), en México 8 de cada 10 compañías considera que las prácticas de soborno y corrupción ocurren de manera común al interior de las organizaciones. Este dato está muy por encima del promedio mundial que alcanza apenas el 39%.

 

Ahora, en cuanto al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el pasado 3 de julio público los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE). Esta es la primera vez que se levanta dicha encuesta, y en ella se presenta un apartado respecto a percepción y experiencias de corrupción, del cual destaca que el 64.6% de las empresas en México considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites; mientras que el 39.4% señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones.

 

En cuanto a la experiencia de corrupción, la encuesta encontró que a nivel nacional, 561 de cada 10,000 unidades económicas que realizaron trámites durante 2016 experimentaron al menos un acto de corrupción, esto es el 5.61%. Sin embargo, esta tasa se incrementa hasta 1,317 empresas por cada 10,000 para el caso de unidades económicas grandes (13.17%); y 755 unidades económicas por cada 10,000 para el caso de unidades económicas industriales (7.55%). Al comparar estos datos con los que denotan las fuentes internacionales, pareciera que el INEGI subestimó el problema o bien, por temor respecto a la confidencialidad de la información, las empresas no contestaron la verdad en cuanto a la incidencia de actos de corrupción. 

 

Después de este diagnóstico que deja pésimamente mal parado a México vale la pena preguntarse, ¿Qué es lo que distingue a un país corrupto de uno que no lo es? Es importante señalar que ningún país está exento de actos de corrupción; sin embargo, de acuerdo con Transparencia Internacional, los países menos corruptos comparten algunas características comunes como lo son: tener un gobierno abierto, libertad de prensa, libertades civiles y sistemas judiciales independientes.

 

Aunado a lo anterior, agregaría que en los países en los que existe impunidad o una falta de percepción de riesgo por realizar un acto de corrupción, es donde más se darán los problemas de corrupción. En México cuando un funcionario realiza un acto de corrupción y es descubierto (algo que casi no sucede), en la mayoría de los casos se le despide o se le aplica alguna sanción administrativa. Es muy raro que un funcionario corrupto pise la cárcel, y si a eso le sumamos que muchos actos de corrupción se dan en redes de funcionarios en las que unos cubren a otros, pues la posibilidad de que haya una sanción ejemplar es mínima.   

 

En México ya han pasado dos años desde que se aprobó el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pero hasta el momento no ha habido acuerdos para que el SNA tenga unfiscal y magistrados. Esto ocurre porque los señores legisladores no tienen prisa por asignarlos, desde luego obedeciendo a sus líderes partidistas que temen que las cosas empiecen a cambiar. Pero ante esta falta de resultados, son muy pocas las voces que han externado su malestar, siendo que las cámaras empresariales deberían presionar para que de una vez por todas entre en funcionamiento el SNA. Y ya ni hablemos de los Sistemas Anticorrupción de los estados, porque ahí falta muchísimo por hacer. Al día de hoy sólo Nayarit y Chiapas son los estados que cuentan con una Ley del Sistema Local Anticorrupción satisfactoria.

 

Se debe mencionar que el SNA tampoco será la panacea para erradicar la corrupción en México. De acuerdo con Transparencia Internacional, para combatir la corrupción no es suficiente el realizar ajustes técnicos a leyes específicas contra la corrupción. Se necesita implementar con urgencia reformas sistémicas profundas que empoderen a los ciudadanos para que pongan freno a la impunidad generalizada por la corrupción, exijan que los poderosos rindan cuentas y realmente tengan voz en las decisiones que afectan su vida diaria.

 

Estas reformas deben incluir la divulgación, a través de registros públicos, de quiénes son los verdaderos titulares de sociedades, además de sanciones para los empresarios que facilitan o se prestan a actos de corrupción.